El Bitcoin y junto con él, el resto de criptomonedas o monedas virtuales están dejando de ser un campo abierto para el refugio de capitales ya que la agencia tributaria las ha puesto en su punto de mira en el nuevo anteproyecto de ley de medidas para la prevención y lucha contra el fraude fiscal.
Hacienda ya solicita información
En la pasada campaña del impuesto de la renta, la derivada del 2019, se notifico a cerca de 15.000 contribuyentes sobre la necesidad de declarar los beneficios obtenidos a través de la inversión en “bitcoin” o moneda virtual. Esto se instrumentó a través del IRPF incluyendo estas ganancias en la casilla 389 como ‘Otras ganancias patrimoniales a integrar en la base imponible del ahorro’.
Qué tratamiento propone hacienda para las monedas virtuales
Según lo propuesto en el anteproyecto de ley el tratamiento de estas monedas virtuales o “bitcoin” estará sujeto a la presentación del modelo 720, que es el modelo de “declaraciones de bienes y derechos en el exterior”, en él se tendrá que informar sobre la tenencia de monedas virtuales en el extranjero.
Este nuevo tratamiento genera dudas entre los expertos ya que, si el dinero se encuentra en un monedero virtual, no tendría una ubicación geográfica concreta, con lo cual se hace extraño la utilización del modelo 720 para este fin.
El modelo 720
Este modelo es una declaración informativa, si no se presenta en tiempo y forma puede acarrear importantes sanciones. El plazo de presentación termina el 31 de marzo.
La obligación de la presentación del modelo 720 en la actualidad recae si se cumple alguno de estos supuestos:
- Cuentas en el extranjero.
- Activos, valores, títulos o derechos del capital social, fondos propios o patrimonio.
- Rentas.
- Bienes inmuebles.
Y deberá ser presentado por personas físicas y jurídicas que residan en el territorio español, entidades como herencias yacentes, comunidades de bienes y otro tipo de entidades que posean patrimonio.
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Falta de definición del criterio
Lo que si que ha quedado clara es la declaración de intenciones del gobierno en controlar estos activos financieros, ya que para las arcas públicas podrían suponer un impacto de de 828 millones de euros. Según explica el Gobierno, estas las monedas virtuales “hacen necesario ajustar la Ley 7/2012″. Y siguiendo los cambios propuestos, son los usuarios los que deberán suministrar información sobre: adquisición, permuta, transferencia, transmisión, cobros y pagos, con criptomonedas.
La normativa también introduce la prohibición del uso de software que manipule la contabilidad. El proyecto de Ley explica que los programas de gestión empresarial deberán garantizar su trazabilidad e inalterabilidad de los registros.
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