El Tribunal Constitucional, mediante Sentencia de 8 de junio de 2017, ha declarado la inconstitucional y la nulidad de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012 que reguló la Declaración Tributaria Especial (DTE), comúnmente conocida como Amnistía Fiscal.

Esta sentencia de la Amnistía Fiscal considera que el Decreto Ley por el que se aprobó el indulto fiscal es inconstitucional pues no era adecuado y se legitimaba el fraude. Aun así, el tribunal avala las declaraciones de más de 31.000 contribuyentes para regularizar todo el dinero que ha sido evadido.

La disposición debe declararse nula e inconstitucional por haberse introducido en el ordenamiento jurídico a través de un instrumento normativo excepcional como es el Real Decreto Ley, traspasando los límites establecidos por la Constitución para el empleo de dicha norma (art 86.1. CE).

Dispone la Sentencia que la previsión contenida en el Real Decreto-ley 12/2012 “ha incidido directa y sustancialmente en la determinación de la carga tributaria que afecta a toda clase de personas y entidades (físicas y jurídicas, residentes o no residentes), al sustituir las cantidades que, conforme a la normativa propia de cada tributo, se habrían devengado por las rentas generadas –aunque ocultadas a la Hacienda Pública- por un gravamen único del 10 por ciento, exento de intereses, recargos y sanciones (administrativas y penales)”. Por tanto, la norma “ha afectado a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos” que enuncia el art. 31.1 CE al haber “alterado el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes”. Y lo ha hecho en unos términos “prohibidos” por el art. 86.1 CE.  

Sin embargo, el Tribunal Constitucional limita los efectos de este pronunciamiento y establece que no podrán verse afectadas las liquidaciones tributarias firmes que se realizaron al amparo de la norma anulada, por lo que la sentencia no tendrá efectos para aquellos que en el pasado se beneficiaron de la citada medida. No obstante, sí restringe la introducción de medidas similares en el futuro.

La anulación del Decreto Ley de la Amnistía Fiscal del Gobierno es uno de los mayores borrones en el expediente del Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien anunció el indulto en 2012. Desde entonces, la polémica ha estado activa hasta que ayer el Tribunal Constitucional la declarase anticonstitucional

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